Se han recibido 80 mil recursos
Nombran titular a un juez en materia administrativa ALFREDO MENDEZ
En un hecho inédito para el Poder Judicial de la Federación se creó un juzgado especial que se dedicará exclusivamente a tramitar las más de 80 mil demandas de amparo interpuestas por empleados de dependencias del gobierno en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que ordena cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el lunes 7 de mayo iniciará funciones un juzgado auxiliar, que estará en actividad hasta que concluya el último juicio de garantías que se tramite contra dicha legislación.
La determinación del órgano que administra los más de 600 juzgados y tribunales federales del país, de crear un órgano especial, fue a propuesta del presidente del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La creación de un juzgado especial tiene como propósito evitar que se presenten criterios contradictorios entre jueces de distrito y no obstaculizar el trabajo normal de los demás juzgadores.
No obstante, la Judicatura nombró como titular del órgano especial a un juez que actualmente se desempeña como juzgador en materia administrativa y no del trabajo, a pesar de que las miles de demandas de amparo de los burócratas fueron presentadas ante instancias en materia laboral.
Se trata del juez José Manuel Villeda Ayala, actual titular del juzgado sexto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. En las dos semanas recientes han ingresado a juzgados federales, en varios estados del país, aproximadamente cien mil demandas de amparo.
Sólo en el Palacio de Justicia de San Lázaro fue necesario asignar personal y computadoras adicionales para tramitar los documentos que llegaron en tráileres y camiones.
Sólo en el Palacio de Justicia de San Lázaro fue necesario asignar personal y computadoras adicionales para tramitar los documentos que llegaron en tráileres y camiones.
Como las demandas de amparo prácticamente son idénticas (sólo cambia el nombre del quejoso y el cargo que desempeña en determinada instancia gubernamental) y señalan los mismos conceptos de violación, todas recibirán la misma resolución una vez que el juzgador adopte un criterio jurídico final.
Los quejosos impugnaron la Ley del ISSSTE, que ordena el cambio del régimen de jubilaciones, lo cual implica que para los futuros trabajadores tendrá alcances similares al Sistema de Ahorro para el Retiro que norma a los empleados de empresas privadas. Sin embargo, los amparos no podrán invalidar la aplicación de la ley de forma general y, en caso de ser otorgados, beneficiarán únicamente a las personas que los promovieron.
Llegarán al Poder Judicial 500 mil demandas, prevé la UJM
CAROLINA GOMEZ MENA
La Unión de Juristas de México (UJM) prevé que el próximo 14 de mayo, día en que concluye el plazo para interponer amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cantidad de recursos presentados ante juzgados federales será de aproximadamente medio millón, señaló Eduardo Miranda Esquivel, presidente de dicha organización.
Sostuvo que hasta la madrugada de ayer se habían presentado ya 200 mil recursos, de los cuales la Judicatura Federal ha dado entrada a 80 mil. Miranda Esquivel abundó que dicha normatividad viola aproximadamente 10 artículos de la Constitución, por lo cual existen bases para que los impartidores de justicia otorguen el amparo a los agraviados.
Por otra parte, ayer por la tarde el Movimiento Ciudadano Obradorista y la Alianza de Trabajadores de la Salud instalaron un campamento "permanente" frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad de hacerle patente "que, dado que es la mayor instancia de impartición de justicia en México, tiene en sus manos la responsabilidad de ser garante del cumplimiento de la Constitución".
Al respecto, el abogado y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Román Díaz, apuntó que el propósito de dicha acción también es poner de manifiesto la inconformidad que existe contra la nueva ley, y señaló que hasta ayer el movimiento ha asesorado a unas 20 mil personas y ha presentado igual cantidad de demandas de amparo. Informó además que hoy a las 12:30 horas realizarán una junta informativa en la zona de hospitales de San Fernando.
Por otra parte, en entrevista con este diario, Miranda Esquivel apuntó que la UJM calcula que en las entidades federativas ya se han presentado casi 100 mil demandas de amparo, principalmente en Oaxaca, y en entidades del Bajío y de la zona norte del país. En muchos de estos lugares, sostuvo el abogado, los profesores acudieron de manera directa a presentar sus recursos en los juzgados locales.
El litigante resaltó que se trata de una "experiencia inédita para la impartición de justicia, por la cantidad tan abundante de ciudadanos que han recurrido al amparo para proteger sus derechos", y con esto "también se ha quitado a ese recurso su sesgo elitista, pues por el costo, quienes tienen mayores posibilidades de recurrir al amparo son los que tiene más dinero".
Miranda Esquivel criticó los comentarios del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, quien aseguró que los inconformes están siendo presa de abogados que sólo lucran con su interés, pues los recursos serían improcedentes.
"El dice que los amparos son improcedentes y que grupos de abogados lucran con esto, y eso no es cierto, al menos en el caso de la UJM; no descartamos que haya otras agrupaciones que busquen su tajada, pero son los menos; además hay algo concreto, la ley es totalmente perjucial."
Según el litigante, la nueva Ley del ISSSTE viola los principios básicos de la seguridad social y cuando menos va en contra de lo que señalan 10 artículos de la Carta Magna. "Es una ley inconstitucional en lo general, porque abroga la ley anterior de 1983, y en lo particular porque alrededor de 50 de sus 301 artículos van en contra de lo que indica la Constitución".
Según el litigante, la nueva Ley del ISSSTE viola los principios básicos de la seguridad social y cuando menos va en contra de lo que señalan 10 artículos de la Carta Magna. "Es una ley inconstitucional en lo general, porque abroga la ley anterior de 1983, y en lo particular porque alrededor de 50 de sus 301 artículos van en contra de lo que indica la Constitución".
Apuntó que, de hecho, en cada uno de los amparos presentados se detalla la forma en que el ordenamiento -que consta de 254 artículos de contenido normativo y 47 transitorios- violenta la legislación. En cada uno de estos apartados "va cancelando o nulificando la ley anterior".
Sostuvo que cada juez de distrito que conozca de los amparos individuales deberá emitir una resolución particular para cada demanda, y agregó que si el juzgador otorga el amparo, sólo la persona que lo presentó será quien reciba la protección para que no aplique la citada legislación. Remarcó que los amparos no "tienen ningún efecto general, (pero) sí generarán una situación nada habitual que puede dar pie a que la SCJN atraiga los casos".
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