Ya existen amparos aceptados.

Comienzan en el Palacio de Justicia Federal audiencias sobre las demandas de amparo.

Piden responsabilizar a Cabeza de Vaca por abusos con la nueva Ley del ISSSTE.

El consejero presidencial fue omiso por no prever afectaciones con esa norma, señalan.

ALFREDO MENDEZ

José Antonio Vital Galicia, representante de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, mientras hablaba ayer a los medios informativos en relación con la Ley del ISSSTE, afuera del hospital 20 de Noviembre de dicho instituto Foto: Guillermo Sologuren.

Este martes comenzaron las audiencias en el juzgado auxiliar del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro encargado de resolver las demandas de amparo interpuestas por trabajadores al servicio del Estado, contra la nueva Ley del Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Abogados de los burócratas solicitaron a la autoridad judicial que se anexe a las demandas centrales la petición de varios de los quejosos de señalar como autoridad responsable de la violación de garantías a Daniel Cabeza de Vaca, consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

Según la versión de los inconformes, el funcionario incurrió en actos de omisión a sus funciones porque no informó a los burócratas sobre los alcances y afectaciones jurídicas y violaciones constitucionales que representa la reforma a dicha ley.

El abogado Román Díaz, del Movimiento Ciudadano Obradorista, dijo en nombre de cientos de trabajadores al servicio del Estado que "estamos pidiendo que el juez que conoce de los amparos agregue como autoridad responsable al consejero jurídico del Ejecutivo federal; esto implica que se le pidan explicaciones y el motivo por el cual no advirtió al presidente Felipe Calderón y a los empleados públicos sobre lo inconstitucional de esta enmienda".

Entrevistado en las instalaciones del Poder Judicial Federal, el litigante refirió que la Ley del ISSSTE en materia de jubilaciones y pensiones viola las garantías individuales de los funcionarios públicos y de los empleados al servicio del gobierno federal, además de que "afectarán sus intereses patrimoniales".

Puntualizó que dichas reformas violan los artículos 1, 14, 15, 25, 26 y 123 constitucionales, pues dejan abierta la puerta para una eventual privatización del ISSSTE.El pasado lunes, el consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, rechazó que los trabajadores que recurrieron al juicio de amparo para impugnar la Ley del ISSSTE puedan perder sus derechos laborales, como aseguró en días pasados el titular del organismo, Miguel Angel Yunes Linares, e informó que la cifra final de demandas que se presentaron es de 167 mil 327.